La feroz represión que las autoridades chinas están llevando a cabo contra los nacionalistas tibetanos vuelve a poner de manifiesto las enormes carencias en materia de respeto a los derechos humanos de un régimen que sigue mostrándose implacable contra cualquier acto de reivindicación opuesto a los intereses del partido gubernamental. Y la opacidad con la que Pekín está gestionando los graves sucesos de Lhasa, en donde las cifras de muertos oscilan entre la docena o el centenar, confirman que el Partido Comunista Chino sigue teniendo muy claras sus prioridades. Las movilizaciones de los tibetanos en el 49 aniversario de su ocupación eran previsibles -de hecho Pekín ya advirtió que sería inflexible contra cualquier manifestación- y se han visto espoleadas por la creciente oleada de críticas hacia China conforme los Juegos Olímpicos se acercan. De hecho, no sería nada sorprendente que en breve le sigan movilizaciones similares a cargo de los seguidores de la práctica espiritual Falun Gong o de los uigures musulmanes de Xinjiang.

Cuando, en 1950, el régimen de Mao entró militarmente en el Tíbet, la apuesta por la línea dura, aplastando sin piedad la rebelión de 1959 y expulsando al Dalai Lama para crear una dirección religiosa pro-comunista, fue evidente, pero en la última década había ido abriéndose camino una política más suave y centrada en diluir el sentimiento tibetano en beneficio de otro pro-chino, del que la finalización de la impresionante línea de ferrocarril ha sido la máxima expresión, después del significativo gesto de apertura que supuso la aceptación para el Tíbet del estatus de región autónoma. La nueva línea política china permitía que las aspiraciones del Dalai Lama -Premio Nobel de la Paz en 1989- de una concesión a su país del rango de autonomía especial, según el modelo de Hong Kong, fuesen conjugables con una expectativa pacífica de futuro entre ambas comunidades. Sin embargo, ahora, con su sangrienta respuesta, Pekín se arriesga a volatilizar para siempre esas esperanzas y a poner contra las cuerdas unas políticas de no presión sobre la propia China de cara a los JJOO patrocinadas por buena parte de la comunidad internacional pero muy criticadas por las organizaciones pro derechos humanos.

Artículo original en La Verdad.es